Las Comisiones Provinciales de Monumentos y su defensa del patrimonio

La custodia y tutela del patrimonio es hoy en día un tema que sigue despertando debate allá donde se encuentre un monumento de valor histórico y artístico, cuya titularidad y uso no estén del todo definidos. Pero ¿siempre fue así? ¿Desde cuándo existe una preocupación por los monumentos y sus circunstancias? A continuación, relataremos cómo el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife se vio envuelto en toda esta enigmática en el último cuarto del siglo XIX y cómo se llegó al feliz desenlace de su declaración como Monumento Nacional.

Desamortizaciones y revoluciones

En España existían desde antiguo normas para impedir o dificultar el expolio de bienes artísticos, pero las primeras instituciones estables creadas para afrontar este asunto y gestionar el inventario y protección del patrimonio histórico-artístico mueble e inmueble fueron las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos y la Comisión Central, reguladas en 1844 tras los efectos de la desamortización eclesiástica. Inicialmente dependieron del Ministerio de la Gobernación y los jefes políticos de cada provincia, pero en 1854 se integraron en el Ministerio de Fomento y pasó la Academia de Bellas Artes de San Fernando a asumir las labores de coordinación de las provinciales. Con el cambio político ocurrido tras la «gloriosa revolución» de 1868, la Alhambra fue incautada a la Corona y dejó de ser un palacio real para convertirse en una propiedad del Estado. El alcázar nazarí y su territorio circundante iniciaron una nueva andadura, que lo consolidaría como espacio abierto al uso público, emblema de la conservación, recurso turístico de creciente importancia y figura administrativa de compleja gestión. La inquietud acerca del destino de la Alhambra llevó a la Comisión Provincial de Monumentos Artísticos e Históricos de Granada a reclamar «la custodia y conservación de los monumentos árabes» que pertenecieron al Real Patrimonio, petición otorgada inmediatamente.

Entre dos ministerios

El Gobierno intentaba reconducir la situación con la creación de un Consejo para la conservación, custodia y administración. Surgió un conflicto de competencias que distorsionó profundamente el proceso al disputarse dos ministerios, Fomento y Hacienda, su administración y, lo más importante, la capacidad de decidir cuál habría de ser el destino final de las fincas que integraban el recinto alhambreño. El Consejo ratificó su plena jurisdicción sobre la Alhambra y la encomendó a un alcaide-administrador dependiente del ministerio de Hacienda. La Comisión de Monumentos del Ministerio de Fomento, argumentó que solo pretendía custodiarla desinteresadamente y aprovechó la ocasión para recordar que la inspección y custodia de los monumentos formaba parte de sus cometidos y que velaría porque la Alhambra no se desmembrara, considerando los paseos, jardines, bosque y alamedas como parte del monumento.

Finalmente, las Cortes excluyeron la Alhambra de entre los bienes considerados de uso de la monarquía conjurando la amenaza de enajenación. Tras unos meses de incertidumbre y acusaciones cruzadas, en abril de 1870 el conjunto nazarí quedó adscrito al Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Instrucción Pública. Como director de la conservación y restauración fue nombrado Rafael Contreras, restaurador adornista, cuya renuncia como miembro de la Comisión, por incompatibilidad con el cargo, nunca fue aceptada.

En realidad, el texto de la Real Orden no cita en ningún momento que se produjera formalmente una declaración de la Alhambra como «monumento nacional histórico-artístico» o «monumento histórico-artístico», que había sido la expresión utilizada hasta entonces, sino que se ponía «bajo la inmediata en inspección y vigilancia de la comisión» lo que vendría a indicar que se consideraba un monumento de facto, aunque no se hubiera declarado explícitamente.

Aunque despejada la tentación lucrativa de la Alhambra, el Ministerio de Hacienda se reservó la propiedad de varias fincas consideradas productivas. La Comisión de Monumentos acudió entonces al Regente, y a las Academias con objeto de impedir que los bienes señalados fueran vendidos.

La nueva situación y la primera auditoría

La Alhambra quedaba a salvo de su disolución, pero iniciaba el complejo proceso de recuperación de fincas y propiedades que desde la conquista castellana se habían privatizado. Durante este tiempo solamente se dispuso en uso público la Rauda, la casa del Cura, el oratorio del Partal y casa anexa, y la torre de las Damas sin la casa de Ayala ni la armadura nazarí, que fue exportada a Alemania. Mientras tanto los bienes muebles dispersos por el recinto acabaron reunidos en el modesto «Museíllo» y Manuel Gómez-Moreno inventarió todo el archivo histórico, una vez recuperado de la Intendencia de Hacienda.

En la nueva situación el director de la conservación y restauración era también tesorero de la Comisión, lo que le permitió manejar los presupuestos y la contabilidad del conjunto a su cargo,lo cual despertó los recelos de la Academia de San Fernando y del Gobierno, quienes dispusieron el nombramiento de un delegado regio de la Alhambra en agosto de 1875. El dictamen que elaboró el delegado incluía anomalías en la gestión, irregularidades de los empleados, la conveniencia de imponer el pago de una entrada, el estado ruinoso de algunas zonas y un plan de expropiaciones de medio centenar de fincas valorado en seis millones de reales. Fue contestado por el director en un memorial donde defendía el mantenimiento de la propiedad privada como hasta ese momento, pues además del elevado coste de adquisición, privaría de su recreo estival a artistas, a literatos y a muchas familias ilustres y que el mantenimiento anual conllevaría un gasto de 125.000 pesetas.

Consciente Contreras de lo incontestable que resulta para la Administración el argumento económico pudo zafarse fácilmente de esta primera auditoría y reforzar su posición hegemónica. En los planes anuales de obras sometidos al dictamen de la Comisión siempre predominaron las labores de limpieza, mantenimiento básico y, sobre todo, reposición de adornos. Por su parte, la Academia de San Fernando,que debía informar los proyectos presentados, insistía en la necesidad de reducir las actuaciones sobre el monumento a simples trabajos de conservación y consolidación, y nunca de restauración ni restitución.

Informes y contrainformes

La coronación de José Zorrilla en la Alhambra, en 1889, avivó el interés por el estado de conservación del monumento y las escasas partidas destinadas por el Gobierno. La incompetencia de Mariano Contreras, hijo del anterior director de la conservación, y su hostilidad para cumplir con los requerimientos oficiales llevó al Ministerio a comisionar a Ricardo Velázquez Bosco para que informase sobre la verdadera situación de la Alhambra y las actuaciones más precisas para su conservación. La memoria, redactada en 1903, centraba su atención sobre aspectos materiales y organizativos, defendía la mera conservación.

Asunto de controversia política en Cortes,ya no se ocultaban las voces que acusaban a la Comisión de Monumentos de connivencia con la familia Contreras y el patrimonio vitalicio en que habían transformado el monumento.Desde la comisión granadina se emitió un «contrainforme»,redactado por Francisco de Paula Valladar, que justificaba el abandono denunciando en el exiguo presupuesto consignado para atender la restauración del conjunto. Durante la reunión mantenida con los miembros de la Comisión de Monumentos en mayo de 1905, el propio Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes fue testigo del enfrentamiento entre restauracionistas y conservacionistas.

BIBLIOGRAFÍA

Catálogo monumento y modernidad (1868-1936) En el 150 aniversario de la Alhambra como bien cultural. Piñar Samos, Javier y Jiménez Yaguas, Miguel. Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2019.